En la medida que las empresas van aumentando sus ingresos y consolidando sus procesos se van viendo expuestas a la inspección, vigilancia y control de las entidades del Gobierno. Es así como a lo largo de las últimas décadas los gobiernos a nivel internacional y sus instituciones han implementado controles relacionados con el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. (LA/FT/FPADM).
En un mundo y una economía globalizada, Colombia no ha sido ajena a ese tema y es por eso que, de acuerdo con la actividad económica, la Superintendencia de Sociedades es la entidad encargada de realizar ese control a unas empresas y la Superintendencia Financiera a otras. Estos procesos que deben ser implementados por las sociedades ayudan a la consolidación de políticas, procedimientos y acciones internas que contribuyen a blindar a las empresas y a tener una trazabilidad de las operaciones que se realizan y que pueden involucrar actividades delictivas.
Dentro del modelo de prevención para estos casos, se establecen unas etapas en las cuales se identifican, miden o evalúan, controlan y monitorean los riesgos que se pueden presentar. A través de la Debida Diligencia, las empresas implementan medidas con el fin de conocer la Contraparte, su negocio, operaciones, productos y el volumen de sus transacciones. La consulta en las listas vinculantes contribuye a conocer si la contraparte ha estado involucrada en actividades delictivas y previene el fraude o posibles actos de corrupción.
En ocasiones se pueden presentar operaciones inusuales que no se relacionan con la actividad económica de la compañía o con las transacciones que normalmente se dan en el sector el cual opera la misma y su contraparte. Al no ser debidamente justificada se convierte en una operación sospechosa. Este tipo de operaciones pueden generar riegos de contagio, riesgo legal, riesgo operativo y riesgo reputacional, lo que ocasiona también multas y sanciones.
Todo lo anterior refleja la necesidad de mantener altos estándares éticos y legales que blinden la operación de las empresas en relación con actividades relacionadas
con delitos y corrupción. En ese sentido FIGARANTIAS viene cumpliendo con la normatividad relacionada con este tema implementando SAGRILAFT con el fin de evitar que en el desarrollo de sus actividades pueda ser utilizada en actividades para el Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
